El ordenamiento jurídico tiene por naturaleza una estratificación jerárquica, de donde se desprende que las normas de menor jerarquía deben obedecer los dictados de las de mayor jerarquía, pues las normas superiores son las que le dan validez a las inferiores. Así, los actos administrativos deben respetar la ley, y ésta, a su vez, a la Constitución. Esa condición del sistema normativo ha dado lugar a la excepción de inconstitucionalidad y a la excepción de ilegalidad, cuya base normativa no es escasa en nuestro medio.