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Manuel Desviat Muñoz
La actividad comunitaria, sanitaria y social precisa un Estado que garantice las prestaciones sociales.
En el actual escenario político-económico internacional, donde prima la ganancia de unos pocos frente a la solidaridad, el trabajo social y de salud mental se encuentran en la disyuntiva de ser integrados como técnicas asistenciales para paliar los fallos del sistema o la acción a contracorriente conquistando espacios en el horizonte de una sociedad del bienestar. El hecho es que desde el año 2008, inicio de la crisis financiera, se ha incrementado la renta de los más ricos de los ricos y se han acrecentado también las desigualdades en el mundo, precarizando las clases medias, especialmente en el sur de Europa. En España hoy resulta difícil hablar de derechos sociales para toda la ciudadanía, pues amplias franjas de la población no tienen garantizado el derecho a la atención sanitaria, a la vivienda o a prestaciones sociales esenciales. Se impone un asistencialismo graciable, una vuelta a criterios propios de la beneficencia, y a la instrumentalización de los recursos públicos como medios de control social.
Community, healthcare and social activity require a State that guarantees social benefits. In the current international political-economic context, where the earnings of a few prevail over solidarity, social work and mental health face the dilemma of being integrated as care techniques to ease the failings of the system or fighting to gain space within the framework of a welfare society. The fact is that since 2008 and the onset of the financial crisis the incomes of the very richest have increased, as have inequalities throughout the world, creating precariousness for the middle classes. This is especially so in southern Europe. Today in Spain, it is difficult to talk of social rights for all citizens, since broad swathes of the population do not have guaranteed rights to healthcare, housing or essential social benefits. There has been an imposition of an ex gratia assistentialism, a return to charitable criteria, and use of public resources as a means of social control.
