Acceso usuarios
Javier López Padilla
La vida jurídica de los países centroamericanos se regula por una enorme cantidad de leyes. La mayor parte de ellas están concentradas en los ámbitos administrativo, fiscal, mercantil y civil; y en quinto lugar lo penal, tal como se evidencia en el caso del sistema legal hondureño, para citar un ejemplo. En ese sentido, es necesario considerar que estos sistemas normativos regulan en esencia la dimensión económica de la sociedad, en el caso de la legislación fiscal, se establecen los criterios que orientan al Estado en su función de recaudación de impuestos. La imposición de tributos es una prerrogativa de los Estados basada en la contribución que todos los ciudadanos de un país están llamados a prestar para mejorar las condiciones de vida social y reducir la pobreza.
En el caso de las esferas mercantil y civil, sus contenidos normativos regulan las actividades de las personas en su ámbito privado, y en especial, en la relación con el ejercicio del Derecho de Propiedad. Esto quiere decir que históricamente la preocupación del legislador ha estado concentrada en la actividad económica de las personas, ya sea en razón del ejercicio del Derecho de Propiedad para el uso, goce y disposición privada de los bienes sobre los que ejerce este derecho, o para la regulación de su uso comercial.
Este artículo aporta algunas consideraciones jurídicas en torno a una forma de entender, desde el enfoque de Derechos Humanos, la relación entre el Derecho y el Desarrollo Humano Sostenible (en adelante DHS), y utiliza como análisis de caso, el principio de la legalidad tributaria en la legislación centroamericana. Se toma como punto de partida el reconocimiento de la función de la Ley como categoría jurídica y social ordenadora de las relaciones humanas en un contexto histórico determinado. Se entiende que dicho reconocimiento sobre la función social de la Ley se refiere (y se extiende) al marco de atribuciones y restricciones al que un Estado debe ajustar sus decisiones especialmente en lo que se refiere a la planificación del DHS.
Asimismo, se tiene como criterio subyacente de crítica la visión del tridimensionalismo jurídico, en el cual se identifican elementos de análisis socio-jurídicos del discurso legal constitucional, con inclusión de herramientas propias del Derecho comparado.
Con este trabajo se propone evaluar si el actual sistema legal vigente en Centroamérica y su proceso formativo constituyen, condiciones estratégicas para la consolidación del Derecho al DHS, enfatizando la necesidad de proveer criterios para la generación de comunicación de las demandas sociales en el proceso de creación normativa por medio del enfoque de Derechos Humanos.
Finalmente, a manera de ejemplo, se hace una breve descripción del contenido del principio de legalidad tributaria de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, y su relación o derivación con la figura del Decreto-Ley.
