Las sociedades contemporáneas han modificado el paradigma modernista que las vio nacer. En este contexto, desde la perspectiva jurídica, las constituciones han tomado nota de los cambios imperantes, de las relaciones económicas asimétricas y de la necesidad de positivizar derechos y garantías antes reservados al derecho natural. En este contexto, la protección de las personas en su condición de usuarios o consumidores se ha venido plasmando en un conjunto de normas constitucionales y supranacionales con un impacto directo en un universo infinito de relaciones económicas cotidianas estrechamente vinculadas con prestaciones esenciales que tienen que ver con la calidad de vida y la igualdad. El presente artículo tiene como objeto describir el mandato de la Constitución Argentina en materia de protección de usuarios de servicios públicos a partir de comprender este proceso complejo desde la perspectiva jurídica, social y política.