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Jaime Rodríguez-Arana Muñoz 
La corrupción está profundamente arraigada en las instituciones de todo el mundo. El costo de la corrupción como lo describen las organizaciones internacionales es enorme. La reacción legal usual toma la forma de normas contra la corrupción, o normas legales de cumplimiento que dificultan la corrupción. Pero, paradójicamente, la gran producción de normas destinadas a combatir la corrupción, facilita su difusión a lo largo de la burocracia estatal, socavando la confianza en las instituciones públicas y privadas e incluso desgastando los cimientos de la ciudadanía. Uno de los lugares más importantes para la corrupción es la contratación con la Administración Pública. La necesidad de reformar las leyes de contratación es primordial. Simplificación, aclaraciones y normas diseñadas con el usuario final del servicio público en mente, el ciudadano, son elementos esenciales para un Estado Democrático y Social. La nueva directiva para Contrataciones Públicas parece apuntar en esa dirección. El principio establecido de equidad en el trato de los agentes económicos y el reconocimiento de la contratación como institución jurídica de carácter social mejoran las políticas laborales, ambientales, ayudando a la comprensión de la contratación pública como un servicio objetivo de interés general. La nueva Directiva podría ser un comienzo en la larga lucha contra la corrupción, que invariablemente pasa por una fuerte política de transparencia.
