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Inmaculada González García 
Las denuncias por ONGs y otras instancias, nacionales e internacionales, de violaciones de derechos humanos, en los procedimientos de expulsión-devolución de los inmigrantes subsaharianos que llegaban a España procedentes de Marruecos, llevaron al Gobierno español a una reforma indirecta de la Ley de Extranjería. Así, la entrada en vigor, el 1 de abril de 2015, del nuevo “procedimiento” de rechazo en frontera, vino a avalar la práctica española de las devoluciones en caliente que desde 2005 realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, atendiendo al concepto operativo de frontera (a los solos efectos de extranjería). Y todo ello, en respuesta a la singularidad que presenta el control del perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla, que ya era recogida en la normativa española de extranjería y en el Código de fronteras Schengen. Por lo tanto, analizaremos en este estudio la conveniencia y legalidad del rechazo en frontera en el marco de las relaciones de cooperación hispano-marroquíes en materia de inmigración, así como los mecanimos de protección de los derechos humanos de estos inmigrantes subsaharianos en el Derecho Internacional y Europeo.
The complaints by NGOs and other national and international institutions of violations of sub-Saharan migrants’ human rights in their expulsion-return procedures from Spain to Morocco have led the Spanish Government to reform indirectly the Aliens Act. Thus, the entry into force, on April 1, 2015, of the new "procedure" of border rejection, came to endorse the Spanish practice of hot returns carried out by the State Security Forces and Bodies since 2005, according to the operational concept of border (to the sole effect of alien law enforcement). All of this is the consequence of the singularity of Ceuta and Melilla’s border control as already recognized by the Spanish legislation on foreigners and also by the Schengen Borders Code. The convenience and legality of this new procedure will be analyzed, taking into account the Spanish-Moroccan cooperation on immigration and the protection of sub-Saharan migrants’ human rights under International and European Law.
