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El nuevo régimen de sanción de las personas jurídicas en el ordenamiento penal español plantea cuestiones tanto desde el punto de vista de la oportunidad de su castigo en el ámbito penal en lugar del administrativo, como por la regulación adoptada por el legislador de 2015. Las dudas de legitimación se acompañan de cuestiones interpretativas difíciles de resolver, sobre todo si atendemos a la falta de jurisprudencia en una materia que incrementa su complejidad cuando se trata de analizar los delitos que se producen en el ámbito del mercado de valores, donde la especial protección que merece el consumidor no necesariamente quedará mejor cubierta con el instrumento punitivo.
The new system of punishment for legal entity in the Spanish criminal law system, raises questions from two point of view. Primarily the opportunity to punish a criminal rather than the administrative aspects, and secondly the regulation adopted by the legislator of 2015. Doubts of legitimacy are accompanied by interpretative questions that are difficult to resolve, especially if we consider the lack of jurisprudence in a matter that increases its complexity when it comes to analyzing crimes that occur in the financial market, where the special protection the consumer will not necessarily be better covered with the punitive instrument.
