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Isabel Antón Juárez
El presente trabajo tiene como objeto el estudio de la protección que el tercero que se relaciona con persona casada tiene en el ordenamiento jurídico español. Este estudio, aunque no en exclusiva, se centrará en las soluciones que el Derecho internacional privado español brinda al respecto. La contratación entre particulares donde existe un elemento de extranjería está a la orden día, no es una ninguna novedad. Sin embargo, cuando uno de los contratantes no cumple con lo pactado y se convierte en deudor, la otra parte (el tercero) puede quedar en una situación de desprotección si dicho deudor es una persona casada. Tal desprotección no es por el hecho de su estado civil, sino debido a que el hecho de estar casado implica cambios en el patrimonio y de cómo éste debe responder en el tráfico jurídico. En definitiva, tener información sobre el régimen económico matrimonial de las personas con las que se contrata es importante. Pero aun así, hay muchas ocasiones en las que dicha información no existe en un Registro público español, o aun existiendo la información, ésta es errónea, por lo que el tercero queda en una situación incierta que debería intentar mitigar.
This paper studies the protection the Spanish legal order gives to a third party who is related with a married person. This study, although not exclusively, will focus on the solutions that Spanish private international law provides in this regard. The contracts where there is a foreigner element are not a novelty. However, when one of the parties fails to comply with the agreement and becomes a debtor, the other party (the third party) may be in a situation of lack of protection if said debtor is a married person. Such lack of protection is not due to the fact of his marital status, it is because being married implies changes in the patrimony and how this must respond in the legal traffic. In short, having information about the matrimonial property regime of the people with whom you contract is essential. But even so, there are many occasions that such information does not exist in a Spanish Public Registry, or although it is existed, is wrong, so the third is in an uncertain situation that must alleviate.
