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María Paz García Rubio 
El trabajo aborda una vez más el aparentemente irresoluble problema del futuro del Derecho civil español desde el punto de vista de su estructura territorial. La controvertida línea que señala el art. 149.1.8ª de la Constitución se presenta hoy más borrosa que nunca. Ni la actuación de los legisladores estatal y autonómicos, ni las últimas sentencias emanadas del Tribunal Constitucional contribuyen a su clarificación. La postura de la autora pasa por un cambio de rumbo que, en último término, puede exigir una reforma constitucional.
This paper deals, once again, with the apparently insolvable problem of the future of the Spanish Private Law from the point of view of the territorial configuration. The controversial line pointed out by art. 149.1.8ª of the Spanish Constitution is becoming increasingly blurry. Neither the State nor Autonomous legislators, nor the latest Constitutional Court decisions, contribute to its clarification. The author's position contemplates a change of course that, ultimately, may require a constitutional reform.
