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Nicola Ruccia
La reciente crisis financiera en la Zona Euro ha puesto de manifiesto la estrecha y negativa relación entre el presupuesto de algunos Estados Miembros y el de sus bancos. La Unión Europea �con el objeto de interponerse en esta relación� ha adoptado diferentes medidas. Una de las más importantes consiste en la creación de un régimen de resolución de bancos en graves dificultades, que asigna un papel especifico al sector privado. Este trabajo pretende analizar el marco jurídico de la UE en esta materia. En primer lugar, aborda el problema inicial para comprender por qué el riesgo soberano y el riesgo bancario están estrechamente vinculados. En segundo lugar, se examinan las normas de derecho de la UE que definen la resolución de los bancos en graves dificultades. A este respecto, se analizan el principio de recapitalización interna (bail-in) y los límites de su aplicación, y el Fondo de Resolución Única. Además, se considera la resolución de los bancos desde la perspectiva del derecho de propiedad. Por último, se analiza la posición del TJUE sobre la cuestión con el objeto de comprender, si y en qué medida, la participación del sector privado en la resolución de los bancos es conforme al derecho de la Unión europea.
The recent financial crisis in the Euro area has shown the close and negative relationship between the balance sheets of some Member States and their banks. The EU, in order to interpose in such a relationship, has taken several measures. One of the most important is the institution of a resolution regime for banks which provides a specific role for the private sector. This paper is aimed at analysing the EU legal framework on the matter. Firstly, it grasps the original setting of the question with the purpose of understanding why sovereign risk and bank risk are strictly linked. Successively, it examines the EU rules defining resolution for banks. Within this ambit, it focuses on the bail-in and the limits on its application as well as on the Single Resolution Fund. Furthermore, it evaluates the role at issue in the light of the right to property. Finally, it analyses the assessment of the Court of Justice on whether, and to what extent, the involvement of the private sector in resolution for banks is lawful.
