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Ángel Sánchez Legido 
La dramática situación que desde principios de la presente década se vive con especial intensidad en el Mediterráneo en el marco de la llamada crisis de los refugiados, ha intensificado la necesidad que desde hace tiempo venía apuntándose de asegurar canales legales y seguros de acceso a la protección internacional en Europa. Sin embargo, la rotunda oposición de la Comisión y de los Estados miembros, por una parte, y el rechazo por el TJUE a admitir que el derecho de la Unión Europea se aplique en los supuestos en los que la protección internacional se solicita en el exterior, por otro, han colocado la pretensión de introducir un visado humanitario europeo en una situación de bloqueo. En un contexto en el que Europa se empeña en alejarse cada vez más de sus propias responsabilidades, en la presente contribución se sostienen básicamente dos ideas. De acuerdo con la primera, existen buenos argumentos para pensar que el TEDH puede acabar aceptando lo que el TJUE no ha creído posible admitir en el asunto X y X contra Bélgica. Y respecto a la segunda, al supeditar su operatividad a desarrollos normativos basados en una evaluación de impacto, la propuesta de la comisión LIBE del Parlamento Europeo resulta razonable y prudente y, por ello, merecedora de apoyo.
The dramatic situation in the Mediterranean Sea that has been going on for a for a decade in the context of the so-called refugee crisis has intensified the long-standing perceived need to guarantee legal and secure access channels to international protection in Europe. However, categorical opposition from the European Commission and the Member States, on the one hand, and the refusal by the ECJ to consider that EU law applies in cases where international protection is sought abroad, on the other, have blocked the introduction of a European humanitarian visa. In a context in which Europe increasingly moves away from its responsibilities, two main ideas are put forward in this contribution. Firstly, there are good arguments to show that the ECtHR may end up accepting what the ECJ could not in the case of X and X vs. Belgium. Secondly, by way of conditioning its application to regulatory developments based on an impact assessment, the proposal of the European Parliament�s LIBE committee seems reasonable and prudent and, for this reason, it deserves to be supported.
