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Cristóbal Molina Navarrete 
El seísmo generado en el empleo público español tras las tres sentencias comunitarias de 14 de septiembre de 2016 no ha parado de producir importantísimas réplicas. De las tres, la doctrina De Diego Porras (reconoce un derecho indemnizatorio por cese del trabajador interino equivalente el despido objetivo) es la de mayor incidencia práctica, de momento. Aun en un escenario de notables y crecientes divergencias, la posición judicial mayoritaria, en la pertinaz ausencia de pauta jurisprudencial, ha decidido darle la máxima eficacia disruptiva. Ni un solo contrato temporal, estructural o coyuntural (relevo), de gestión directa o indirecta (ETT) parece quedar a salvo de este plus de tutela indemnizatoria, que incluso llega al empleo público funcionarial. En este estudio se ordenan y exponen críticamente los pronunciamientos más novedosos y recientes al respecto, evidenciando tanto sus virtudes para un Derecho más justo y realista, cuando sus vicios para un Derecho igualmente coherente, cierto e igualitario.
