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En España existe una amplia gama de contratos laborales dirigidos al personal investigador. La regulación de estos contratos se encuentra en tres normas jurídicas: Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación; Ley Orgánica de Universidades (modificada en 2007); y Estatuto de los Trabajadores donde se recogen los tipos de contratos de trabajo generales, de aplicación también al personal investigador (en especial, el de obra o servicio determinado para realizar proyectos específicos de investigación científica y técnica). Tal diversidad de normas reguladoras y de contratos da lugar a la aparición de disfunciones en el sistema de contratación laboral de este colectivo, destacando las diferencias de régimen jurídico en contratos que comparten el mismo objeto y finalidad. Pero las circunstancias sobre las que descansa la diversidad de regímenes jurídicos resultan muy cuestionables desde el punto de vista constitucional, poniendo en entredicho el principio de igualdad y justicia material.
In Spain there is a wide range of employment contracts for research staff. The regulation of these contracts is in three legal norms: Law of Science, Technology and Innovation; Organic Law of Universities (modified in 2007); And Workers' Statute, which includes the different types of employment contracts, also applicable to research staff (especially the work or service determined to carry out specific scientific and technical research projects). This diversity of regulations and contracts leads to the appearance of dysfunctions in the system of labor recruitment of this group, highlighting the differences of legal regime in contracts that share the same object and finality. However, the circumstances on which the diversity of legal systems rests are very questionable from the constitutional point of view, putting in question the principle of equality and material justice.
