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La aprobación por el Parlamento de Cataluña de la Ley 17/2017 �con inicial tacha de inconstitucionalidad parcial apreciada por Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña en respecto de la correspondiente Proposición de Ley- ha dado lugar a una grave confrontación entre la Comunidad Autónoma de Cataluña y el Presidente del Gobierno de la Nación que no resulta fácil resolver aplicando las soluciones habituales cuando se trata de enjuiciar si una determinada norma [ aprobada por una Comunidad Autónoma] colisiona o no con los preceptos de la Constitución Española. Sin perjuicio de atender prudentemente al espíritu de la norma, la literalidad de los preceptos siempre ha jugado un importante papel a la hora de la validación de la misma a la luz de los preceptos de la Constitución Española por parte del Tribunal Constitucional que, ahora, se enfrenta con un problema añadido como es decidir �acerca de la constitucionalidad o no de un texto básicamente «correcto», que podría en su mayor parte superar los controles de calidad constitucional � en función de un radical hecho político subyacente [la independencia] respecto de cuya realidad no existen dudas por cuanto que, entre otras circunstancias, media la «confesión de parte» según la cual la normativa controvertida está pensada para una nueva Nación cuyas bases está montando, a «marchas forzadas» un Parlamento que si existe y funciona es por aplicación de la Constitución Española de 1978 que lo ampara.
