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El estado de emergencia impuesto tras el fallido golpe de Estado tuvo un profundo impacto para la libertad de expresión y el derecho a la información. Ankara supuso el cierre de 195 medios de comunicación y encarcelaron a casi 150 periodistas nacionales, a quienes el Ejecutivo acusó de terrorismo y difusión de propaganda terrorista. Asimismo, 3.000 profesionales del sector de la comunicación fueron despedidos.
