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Se plantea ante el TJUE que analice si el Derecho de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición de una normativa nacional, como el artículo 24, apartado 5, de la Ley lituana de contratación pública, que establece que, en caso subcontratar la ejecución de un contrato de obras, el propio adjudicatario estará obligado a realizar la obra principal, definida como tal por la entidad adjudicadora.
