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Dadas las circunstancias del mercado eléctrico, especialmente la necesidad de monopolio en las actividades de transporte y distribución y la presencia de poder de mercado en la generación, la estructura de mercado ideal o más competitiva entre las posibles y la buscada por la normativa comunitaria parte de una limitación a la integración vertical o posibilidad de realizar tales actividades reguladas (transporte y distribución), junto a las de generación y comercialización (“libres”). La red de transporte no debe estar controlada por empresas que intervengan en la generación o distribución. La razón es que la no separación de estas actividades extendería los efectos distorsionadores del monopolio natural al resto de actividades en las que puede existir competencia, por lo que la separación efectiva entre ellas resulta imprescindible. Sin embargo, las medidas de separación efectiva que la ley española ha ido estableciendo han tenido un alcance limitado. Se ha combinado una serie de medidas estructurales con otras de comportamiento (limitativas de derechos), pero las primeras suelen ser mucho más efectivas que las segundas, siendo además el seguimiento de estas últimas de un coste elevado. En el presente trabajo se analizan todas estas medidas y su éxito o fracaso para la consecución de una regulación eficiente, haciendo algunas sugerencias de mejora. Este fallo regulatorio provoca una ineficiencia estructural que entre otras consecuencias negativas, conduce a que los precios de la electricidad estén por encima de su nivel competitivo.
