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Olivier Lecucq
A través de múltiples leyes adoptadas desde los años 2000, Francia se ha conformado a las exigencias internacionales y europeas en materia de desarrollo sostenible, especialmente en la esfera de la política urbanística. Así, gracias a la Carta constitucional del Medio ambiente y al movimiento legislativo llamado «Grenelle de l’environnement», los objetivos de desarrollo sostenible, planteados en sus diferentes dimensiones (económica, social y, por supuesto, medioambiental), se han traducido en exigencias jurídicas cada vez más fuertes. Sin embargo, esta evolución favorable ocasiona también algunos problemas pues la dimensión social sufre indiscutiblemente de la concurrencia con la dimensión medioambiental, y además, los entes locales no disponen de medios suficientes para asumir las cargas correspondientes, lo que implica un riesgo contencioso y una inseguridad jurídica preocupantes.
Through several laws passed since the 2000s, France has complied with the international and european requirements regarding the sustainable development, especially in the area of urban policies. Therefore, thanks to the Environment constitutional chart and to the legal movements called «Grenelle de l’environnement», the objectives of sustainable development, in their various dimensions (economic, social and, of course, environmental), were translated in legal obligations always stronger. Nevertheless, this favorable evolution also causes certain difficulties since the social dimension undisputable suffers from the «competition» with the environmental dimension. Moreover, the local entities do not benefit from enough means to assume the corresponding expenses, leading to worrying litigation risk and legal insecurity.
