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Sandra Salomé Fernández Vázquez
El aborto, según el Código Penal Argentino de 1921, constituye un delito contra la vida y la persona. Este texto decimonónico incluye dos excepciones en las que el aborto es legal: en caso de violación o cuando el embarazo suponga un riesgo para la salud o la vida de la mujer gestante. A pesar de este contexto de legalidad restrictiva, en Argentina, al igual que en otros países de América Latina en los que el aborto no es legal, la popularización del uso abortivo del misoprostol ha favorecido el acceso a prácticas menos riesgosas. En esta línea, desde hace una década, organizaciones sociales y profesionales del sistema público de salud brindan espacios de escucha y acompañamiento, en los que ofrecen información pública y legal sobre el uso de misoprostol para abortar. Estos espacios son denominados consejerías pre y post aborto.
En este artículo, analizaremos cómo las consejerías pre y post aborto en el sistema público de salud, en sus comienzos, una práctica no reglada que realizaban algunos profesionales de la salud de forma aislada, están dando lugar a políticas difusas, políticas imprecisas, que no han sido planificadas y que se caracterizan por un nivel reducido de institucionalización. Esta propuesta conceptual hace hincapié en el rol de los efectores de salud que con su accionar contribuyen cotidianamente a la construcción de políticas públicas desde abajo.
Abortion, according to the Argentine Penal Code of 1821, is a crime against life and the person. This nineteenth-century text includes two exceptions in which abortion is legal: in case of rape or when the pregnancy poses a risk to the health or life of the pregnant woman. In spite of this context of restrictive legality in Argentina, as in other Latin American countries where abortion is not legal, the popularization of the abortive use of misoprostol has led to less risky practices. In this line, for almost a decade, social and professional organizations of the public health system provide listening and accompaniment, offering public and legal information on the use of misoprostol for abortion. These spaces are called pre and post abortion counseling.
In this paper, we will analyze how pre and post abortion counseling in the public health system, in the beginning an unregulated practice performed by some health professionals in isolation, are giving rise to diffuse policies, imprecise policies that have not been planned and are characterized by a reduced level of institutionalization. This conceptual proposal emphasizes the role of the health professionals who contribute daily to the construction of public policies from below with their actions.
