El 22 de mayo de 2017 entró en vigor la orden europea de investigación, que simplifica el trabajo de las autoridades judiciales cuando soliciten pruebas que se encuentren en otro país de la UE. Ello ayudará a las autoridades judiciales a cooperar con eficacia para luchar contra la delincuencia organizada, el terrorismo, el tráfico de drogas y la corrupción. Las autoridades judiciales podrán acceder a las pruebas con rapidez, dondequiera que se encuentren en la UE.