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Santiago Fajardo Peña
El contrato estatal es una de las más importantes herramientas para la gestión fiscal. La celebración, ejecución y liquidación de contratos estatales también es una fuente potencial de daños patrimoniales al Estado. Quizá por eso, muchos contratistas del Estado son llamados a responder fiscalmente como si fueran auténticos ordenadores del gasto público. La cuestión, sin embargo, no es así de sencilla. El proceso de responsabilidad fiscal tiene un destinatario cualificado: el gestor fiscal. En este artículo, mediante una exposición conceptual y un estudio de caso, se identifican los criterios para determinar en qué eventos un contratista del Estado queda investido de la función de administrar fondos públicos y cuándo puede verse sometido a un proceso de responsabilidad fiscal
The State contract is one of the most important tools for public management. The formation, execution and liquidation of State contracts are also a potential cause of State patrimonial damages. Perhaps for this reason, many State contractors are prosecuted as if they were public spending managers. The question, however, is not as simple. The fiscal liability process has a qualified recipient: the fiscal manager. In this article, through a conceptual exposition and a case study, we identify the criterion for determining in which cases a State contractor acquires the function of controlling public funds and when he/she can be subjected to a fiscal liability
