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La constitucionalización del derecho ha hecho que la Administración tienda a ser más garantista en el amparo de los derechos de los ciudadanos. Ese impacto se ha consolidado con la expedición de la Ley 1437 de 2011 que, de manera novedosa, consagró entre sus finalidades la protección de los derechos y libertades de las personas e introdujo, entre otras, la figura de la extensión de la jurisprudencia, que permite a los ciudadanos acudir ante una autoridad administrativa para solicitar la extensión de los efectos de una sentencia de unificación que haya reconocido un derecho, acreditando los mismos supuestos fácticos y jurídicos. El presente artículo pretende mostrar sus orígenes, elementos, efectos, y los aspectos controversiales que han surgido en su aplicación, a partir del análisis de casos resueltos por el Consejo de Estado
The constitutionalization of Law has led to an increase protection of citizen rights by the Public Administration. As means of a higher level of protection, Act 1437 of 2011 introduces the procedure of the ‘extension of jurisprudence’, which entitles citizens to request administrative agencies to apply to their individual case the same standard of protection that was awarded in a prior judicial decision, when that decision constitutes a unified precedent, and when both cases have identical legal and factual grounds. This article examines, with the aid of the jurisprudence of the Council of State, the origins, reach and controversial aspects surrounding this innovative legal procedure
