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Ana Neira Pena 
En algunos países pertenecientes a la tradición del civil law, tales como España, Italia y Chile, sólo recientemente se ha regulado la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como consecuencia, surgen ciertas obligaciones de autorregulación para las empresas, que se ven fuertemente incentivadas a implementar programas de prevención y detección de delitos para evitar incurrir en responsabilidad por los delitos cometidos por sus agentes. A la luz de este nuevo escenario legal, en una primera parte de este artículo, se analizarán los elementos que debe contener un programa de cumplimiento penal para ser considerado eficaz, de tal forma que su implementación efectiva en la organización permita a la empresa quedar exenta de responsabilidad. En segundo lugar, el análisis se centrará en la cuestión clave de cómo probar la eficacia de tales programas en el proceso penal, esto es, en determinar qué medios de prueba son idóneos a tal fin, quién tiene la carga de probar la vigencia y la eficacia de tales programas en la organización y quién debe sufrir las consecuencias de la falta o la insuficiencia de la prueba.
In some countries belonging to the civil law tradition, such as Spain, Italy and Chile, corporate criminal liability has been regulated recently. As a consequence, certain selfregulation obligations emerge. Corporations are strongly encouraged to implement programs of prevention and detection of crimes to avoid being criminally responsible for crimes committed by their agents. In the light of this new legal scenario, this article in its first part analyzes the elements that criminal compliance programs should contain to be considered effective, in such a way that its effective implementation within the organization allows the corporation be exempted from liability. Secondly, the analysis will focus on the key issue of how to prove the effectiveness of such programs at a trial, that is, what means of evidence are suitable for this purpose, who has the burden of proving the validity and effectiveness of such programs and who must suffer the consequences of the lack or insufficiency of evidence.
