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Leioa, España
Las relaciones de consumo que se verifican por Internet suponen un reto para los juristas, que se ven obligados a repensar muchas cuestiones ya pacíficas para el ámbito de los contratos online. Una de las más trascendentes es la validez de las cláusulas de elección de tribunal competente. Al debate entre autorregulación y control estatal se suma el factor de la tradicional desprotección de los consumidores y la velocidad de celebración de contratos en la red. La posibilidad de que el consumidor interponga su demanda en el Estado de su domicilio es la clave para que el principio de tutela judicial efectiva sea real. La regulación de los criterios formales de las cláusulas de elección de tribunal y el establecimiento de unos principios de fondo no sólo garantizan el equilibrio entre las partes, sino que van en pos de un aumento de la confianza en las relaciones de consumo online.
La experiencia de los tribunales norteamericanos en la cuestión, derivada del mayor número de transacciones online, sirve para ser exportada a otros sistemas jurídicos.
Algunos conceptos como el de stream of commerce o doing business, que guardan relación con sitios web activos y pasivos, son la base aún de la elaboración de normas de competencia judicial internacional. En ese sentido, la Unión Europea cuenta con la ventaja de ser un sistema integrado con un máximo órgano intérprete del derecho.
Por último, la necesidad de normas convencionales se hace patente en América, donde los intentos de unificación han sido estériles.
Consumer relations concluded by Internet represent a challenge to jurists, who in the area of offline contracts are forced to rethink many issues that had already been settled. One of the most crucial of these issues is the validity of jurisdiction clauses. Added to the debate on self-regulation and state control is the factor of the traditional lack of protection of consumers and the speed with which contracts are concluded on the net. The possibility of the consumer bringing an action in the state in which they live is the key to making the principle of effective legal protection a reality. Regulation of the formal criteria for jurisdiction clauses and the establishment of underlying principles not only guarantee balance between the sides but also foster increased confidence in online consumer relations.
The experience of the north American courts in question, derived from the large numbers of online transactions, are exportable to other legal systems.Some concepts like those of stream of commerce or doing business which are related to active and passive websites still form the basis for drawing up rules for international judicial competence. In this respect the European Union has the advantage that it is an integrated system with a supreme body to interpret law. Finally, the need for conventional rules is clear in America, where attempts at unification have been fruitless
