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Christian G. Sommer
La trata de personas constituye a nivel mundial un fenómeno criminal relevante, y la región sudamericana no es la excepción.
Este tipo de delito internacional se encuentra a su vez muy relacionado con los flujos migratorios en la región, por lo que entre sus principales víctimas se encuentran aquellos migrantes en situaciones de vulnerabilidad que buscan mejores condiciones de vida en otros Estados y que son captados y sometidos a la trata de personas, tanto de índole sexual como laboral.
La trata de personas implica una grave ofensa contra los derechos humanos de las personas que lo sufren, por lo que requiere medidas especiales de asistencia a sus víctimas.
Sin embargo, los Estados no siempre adoptan medidas eficaces. En tal sentido, una adecuada implementación de políticas públicas en la asistencia a las víctimas del delito de trata de personas constituye una obligación internacional asumida por los Estados a través de los tratados internacionales, que de no implementarse implicarían la responsabilidad internacional por la falta de una debida diligencia. En el caso de la Argentina, aunque se avanzó en estos últimos años en la creación de leyes para su lucha y el brindar herramientas de asistencia, aún quedan por plasmarse en programas eficaces de ayuda a mediano y largo plazo a las víctimas.
Human trafficking is an important global phenomenon and the South American region is no exception. This international crime is closely related to migratory flows in the region, so that its main victims those migrants are in vulnerable situations seeking better living conditions in other states and are captured and subjected to sexual and labor trafficking.
The human trafficking involving a serious offense against human rights of those who suffer, so that requires special measures to assist victims.
However, states do not always take effective action.
In this sense, proper implementation of public policies in support of the crime of trafficking in persons, constitutes an international obligation of States through international treaties, which are not implemented, would involve the international responsibility for lack of due diligence. In the case of Argentina, although progress has been made in recent years in creating laws to fight and provide assistance tools, remain to be translated into effective programs to help medium and long term to victims.
