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El derecho humano al agua ha sido consagrado como un derecho humano autónomo en 2010 a partir de la Resolución 64/292 de la ONU. Existen sin embargo marcos jurídicos e institucionales que pueden afectar este derecho: el régimen de protección de inversiones a nivel internacional nucleado principalmente en el CIADI se vincula con los servicios públicos, y en particular la provisión de agua potable, entendiendo controversias en el ámbito internacional sin por ello analizar las consecuencias de sus laudos sobre el ejercicio pleno de los derechos humanos, causando una tensión entre obligaciones erga omnes y normas internacionales comunes. Ello causa un “enfriamiento regulatorio” del Estado y evidencia una relación asimétrica entre los derechos humanos y el derecho comercial global e inversiones.
The human right to water has been enshrined as an autonomous human right in 2010 because of the UN Resolution 64/292. But there are legal and institutional frameworks that can affect this right: the international investment protection regime mainly nucleated at ICSID is linked to public services, and in this case water, understanding the international disputes but without analyzing the consequences of its decisions on the full exercise of human rights, causing a tension between erga omnes obligations and common international standards. This causes a “regulatory chill” of the State and shows an asymmetrical relationship between human rights and global trade and investment law.
