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, Juan Antonio Fernández Bernat
La Comisión Europea aprobó en el mes de abril del presente año una recomendación en la que se establecía un pilar europeo de los derechos sociales. A lo anterior se ha añadido una proclamación institucional del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de idéntico contenido. En principio, el establecimiento del pilar merece una valoración positiva, dado que implica volver a dar cierto protagonismo a la, un tanto olvidada, cuestión social europea y además puede contribuir a promocionar el acervo social existente. Sin embargo, a nuestro juicio, se trata de un mecanismo insuficiente y de alcance limitado en cuanto a la posibilidad de que pueda funcionar como contrapeso de las políticas, instrumentos y dispositivos que conforman la denominada como constitución económica.
