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Manuel Sánchez Cerón, Francisca M. del Sagrario Corte Cruz
La retórica oficial señala que la reforma a los artículos 3o. y 73 de la Constitución es clave en la reforma educativa. Sin embargo, estos cambios no se ubican en el campo educativo, sino en el ámbito laboral. Esta reforma, por su parte, no es una propuesta del Estado sino que responde a las exigencias internacionales, en particular de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este problema es muy complejo y tiene una historia que concluye con los cambios constitucionales en 2013. En este trabajo se hace una revisión del arribo de la política laboral de la OCDE desde 2004 cuando este organismo difundió un documento que impulsa su política y cómo fue avanzando hasta 2013. El eje del análisis es la articulación de tres actores: el Estado, la OCDE y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Se presenta en tres apartados: 1) la política laboral de la OCDE; 2) los acuerdos de la OCDE hasta la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) en 2008, y 3), de este acuerdo hasta la Constitución en 2013
The Secretary of Public Education’s rhetoric asserts as key element of the last educational reform, the modification made on articles 30 and 73 of the Mexican Constitution. However, these changes have been oriented towards educational practice but rather focused on labor reforms. These have been enforced not only by the Mexican government, but also by international organisms such as the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) through a complex process that can be traced back to the last decade, and which culminated in the 2013 Constitutional changes. The following article reviews the connections among the Mexican State, the policies pushed by the OECD, and the opposition to these modifications proposed by the dissident teachers of the Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). The article reviews: 1) An analysis of OECD’s labor policies, 2) the progress of these policies until the Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) in 2008; and finally, 3) the Mexican Constitution modification of the two cited articles
