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Manuel Velázquez Fernández
Los desplazamientos de trabajadores en el ámbito de la UE-EEE se encuadran dentro del ejercicio de la libre prestación de servicios y no dentro la libertad de circulación de trabajadores. Su regulación específica en la Directiva 96/71 es un equilibrio entre este principio del actual TFUE y la protección de las normas imperativas de derecho necesario que rigen las relaciones laborales de los Estados de acogida. A ellas hay que añadir la exigencia de las normas que regulan la seguridad social aplicable a los trabajadores desplazados y el régimen tributario al que están sujetos. Una vez clarificado el marco normativo, se describen las competencias que corresponden a las autoridades nacionales administrativas y judiciales, tanto en lo que respecta a la determinación de la ley aplicable en materia de seguridad social como a las medidas de control de la aplicación que han sido introducidas por la reciente Directiva 2014/67 que no ha sido transpuesta al ordenamiento español pero que es exigible desde 18 de junio de 2016 con efectos directos verticales para las administraciones públicas españolas. Una vez examinados estos aspectos, se hace un repaso del control de las formas más evidentes de fraude de ley e incumplimiento directo de la actual legislación sobre desplazamientos de trabajadores en materia de salarios, tiempo de trabajo y seguridad y salud en el trabajo, y un análisis final de las actuales situaciones de vacío legal y de procedimental que se están produciendo.
The posting of workers in the scope of the EU-EEA is carried out under the freedom of provision of services and not under the free movement of workers. Its specific regulation by the Directive 96/71 is a balance between that principle and the protection of imperative labour law in the host country. We should add to these rules those relating to the social security and the income tax legislation applicable to posted workers. Once clarified the legal framework, the competences of enforcement for national authorities (judicial and administrative) are described regarding the applicable law on social security and the enforcement rules introduced by the Directive 2014/67 which has not been transposed to the Spanish legislation but is applicable since June 18th, 2016 with vertical and direct effects with regard to all the Spanish public bodies. Once examined these aspects, there is a review of the most obvious forms of fraud, circumvention and direct non-compliance of the current legislation on posting of workers in salaries, working time and occupational safety and health and a final analysis of the legal and procedural loopholes.
