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Ignacio Montoro Iturbe-Ormaeche
La entrada en vigor de la Ley 35/2015 el 1 de enero de 2016, ha aumentado las dudas en cuanto a la aplicación del comúnmente llamado «Baremo de Tráfico» en la jurisdicción penal, extremo que genera inseguridad jurídica en los acusadores, defensas, responsables civiles subsidiarios y aseguradoras cuando se enfrentan en la actualidad a un procedimiento penal, por lo que este artículo tratará de resolver las cuestiones más relevantes en torno a esta cuestión, introduciendo además los argumentos a favor y en contra de la aplicación del nuevo baremo en el cálculo de las lesiones en la vía penal.
