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Pablo Ortiz
Cuando se aprobó la Constitución de 1998, la sensación incierta de haber logrado algo invadió los círculos intelectuales y políticos cercanos a algunos movimientos sociales, en particular, al movimiento indígena. Los derechos colectivos junto a ciertos principios, insertos en la parte dogmática, constituyeron sin duda un avance, pero quedó la duda cuando otras disposiciones, incluyendo transitorias, posibilitaron varias reformas legales e institucionales acordes a las prioridades de las políticas de ajuste neoliberal.
