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Cristina Aragón Gómez
La maternidad subrogada es una práctica prohibida en España, que se encuentra, incluso, tipificada como delito. No obstante, esta regulación no ha impedido que familias residentes en España hayan acudido fuera del territorio nacional (a países donde la gestación subrogada es lícita) para lograr descendencia a través de esta vía. Como consecuencia de ello, se suscitan dudas con respecto a si puede producir efectos en España una institución no permitida por nuestro ordenamiento jurídico. Unos efectos que, a día de hoy, se han proyectado en dos vertientes: a} en la inscripción en el Registro Civil de los menores gestados por subrogación; y b} en el reconocimiento de la prestación por maternidad a los padres comitentes. El presente artículo analiza, con visión crítica, el incoherente tratamiento que ha merecido esta institución por parte de los poderes públicos.
Surrogate motherhood is a prohibited practice in Spain, which is even classified as a crime.
However, this regulation has not prevented families residing in Spain have gone outside the national territory (to countries where gestation surrogate is lawful) to obtain offspring through this route. As a result, doubts arise as to whether an institution that is not allowed by our legal system can produce effects in Spain. Some effects that, to date, have been projected in two aspects: a) in the registration in the Civil Registry of minors born by subrogation; And b} in the recognition of the maternity benefit to the principal parents. The present article analyzes, with critical visión. the incoherent treatment that this institution has deserved by the public powers.
