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, Lydia Vicente Márquez, Pilar Tarancón Gómez
A partir del año 2000 el Consejo de la Unión Europea puso en marcha un plan de trabajo para reforzar los derechos procesales en los procedimientos penales dentro de la Unión Europea. Tres de estas medidas, la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, de la Directiva 2012/13/UE relativa al derecho a la información en los procesos penales y de la Directiva 2013/48/UE sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad, se han traspuesto ya al ordenamiento jurídico español, a través de dos reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y han empezado ya a aplicarse. Con el objetivo de conocer cuál es el grado de implementación de estas directivas en relación con el colectivo de los menores extranjeros, se ha desarrollado una investigación comparada entre cinco países que, empleando una metodología de investigación común, han tratado de identificar cómo se ha realizado la transposición de la normativa europea en cada país y cómo se está aplicando. Los principales resultados de la investigación realizada en España se presentan en este trabajo.
