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La atribución del uso de la vivienda familiar en un proceso de separación o divorcio, medida con una escasa regulación legal y orientada primordialmente a la protección del menor, es una de las cuestiones más polémicas que se suscita en la práctica forense, pues va íntimamente ligada a la guarda y custodia de los menores, por imperativo del Art. 96 CC, lo que supone que se vea contaminada por el interés económico de los progenitores, tal y como vienen advirtiendo los Jueces de Familia. Es por ello que procede un análisis de la variada casuística que provoca la aplicación de esta medida en los tribunales en orden a clarificar los criterios jurisprudenciales observados para su atribución.
