El cobro de las llamadas «plusvalías municipales» por parte de los Ayuntamientos, en todos aquellos casos en los que no se ha producido un incremento de valor de los inmuebles transmitidos, es una práctica contraria a la norma y abusiva. Confiemos que con la reciente sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 16 de febrero se termine con una práctica que nunca debió producirse.