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El modelo de ciudadanía ligado al Estado-nación que manejamos a día de hoy, ha agotado su capacidad de acción en un mundo globalizado donde el demos ya no es homogéneo ni responde a factores étnico-culturales. La realidad actual ha convertido al concepto de ciudadanía en un elemento de exclusión que impide a las personas el pleno ejercicio de los derechos fundamentales por el simple hecho de no tener un vínculo territorial o de sangre con el Estado en el que reside. Esto ha provocado la aparición de ciudadanos de segunda clase que, a pesar de formar parte de un Estado y de asumir todas las obligaciones de los nacionales, no gozan de los mismos derechos. Por lo tanto, aquello tiene que cambiar; es preciso revolucionar el concepto de ciudadanía y atarlo a factores más reales y consecuentes. Desligarlo de la nacionalidad y permitir que su contenido material se entregue a todos quienes realmente conforman un Estado. Solo la ciudadanía inclusiva permite el reconocimiento pleno de los derechos a las personas, garantiza la legitimación democrática y crea un verdadero vínculo entre la persona y el Estado en el que reside. La única posibilidad de avanzar en el reconocimiento de derechos de las personas y ser congruentes con la globalización, es caminar hacia la ciudadanía inclusiva.
