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El régimen jurídico regulador del sector público local está interiorizando, especialmente desde la reforma del artículo 135 de la Constitución Española (en adelante CEl, una regulación que, en interés de la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria, menoscaba en esencia la potestad en la libre organización del gasto público municipal. Las directrices marcadas por el legislador estatal han supuesto un duro recorte a la autonomía financiera municipal y consecuentemente a la autonomía en la ejecución del gasto público de los Municipios.
The regulatory legal regime of the local public sector is internalizing, especially since the reform of Article 135 of the Spanish Constitution (hereinafter EC), a regulatíon that, in the interests of achieving the objectives of budgetary stability, essentially undermines the authority of free organization of municipal public spendíng. The guidelines set by the state legislature have been a drastic cut to the municipal financial autonomy and consequently to the autonomy in the execution of public spending of Municipalities.
