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En el proceso penal, la presunción de inocencia campa por sus respetos, es decir, sobresale por encima de los demás derechos fundamentales. Nadie duda que es el buque insignia de los derechos procesales fundamentales penales. Pero una deficiente conceptuación de la misma y consiguiente aplicación práctica hace añicos otros derechos fundamentales tan básicos para las víctimas como el de tutela judicial efectiva. La obligada normativamente protección del superior interés de los menores, los seres más desvalidos en un proceso penal, cuando aparentemente entra en conflicto con la presunción de inocencia, está seriamente dañada por nuestra jurisprudencia penal. El autor reflexiona críticamente en este trabajo sobre esta preocupante cuestión al hilo de la última jurisprudencia sobre el delito de abusos sexuales a menores.
