¿La destrucción regulada de documentos va en detrimento del derecho de acceso y transparencia de las administraciones públicas? en absoluto. La destrucción regulada de documentos debe constituir en sí misma una acción de transparencia en el buen gobierno de las instituciones. El artículo propone, mediante la evaluación archivística de los documentos, aplicar criterios homogéneos de gestión de la vigencia y la prescripción administrativa con garantías objetivas y legales para garantizar la seguridad jurídica de las administraciones públicas en las acciones de destrucción regulada de documentos.