Acceso usuarios
El derecho a la «autodeterminación informativa» que permite a los titulares de datos personales el control sobre la información relativa a su persona se encuentra previsto en el artículo 18.4 de la Constitución Española de 1978 y fue desarrollado por el Tribunal Constitucional así como por normativa de los órdenes Civil, Administrativo y Penal. Sin embargo, ya pesar de que en el tratamiento de los datos personales de los consumidores interviene personal que suele tener una relación laboral con el responsable o encargado del tratamiento de datos, la legislación laboral no regula las obligaciones de los trabajadores en la materia. En este sentido, mientras que el derecho a la autodeterminación informativa de los trabajadores cuenta ya con bases doctrinales y jurisprudenciales, el «deber de protección de datos personales» de los trabajadores se encuentra pendiente de desarrollo. Aspecto que contribuye a incrementar la desconfianza con la que los consumidores españoles valoran a los agentes privados responsables del tratamiento de datos personales . A la vista de lo anterior, el presente trabajo analiza los elementos que configuran el «deber de protección de datos personales» exigible a los trabajadores y las consecuencias de su transgresión
The right to «self-determination information» that allows the owners of personal data control over information relating to their person is provided for in Article 18.4 of the Spanish Constitution of 1978 and was developed by the Constitutional Court as well as by regulation ofThe Civil, Administrative and Criminal Orders.
However, in spite of the fact that in the treatment of personal data of the consumers personnel intervene that usually have an employment relationship with the person in charge of the data processing, the labor legislation do es not regulate the obligations of the workers in the matter. In this sense, while the right to self-determination of workers already has doctrinal and jurisprudential bases, the «duty of protection of personal data» of workers is pending development. This aspect contributes to increase the distrust with which the Spanish consumers value the private agents responsible for the processing of personal data. In view of the above, this paper analyzes the elements that make up the «íuty to protect personal data» that can be demanded of workers and the consequences of their transgression.
