Santiago Aragonés Seijo, Alejandro Alamillo Estival
En el art. 520.2.d) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se traspone la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012 relativa al derecho a la información en los procesos penales. En dicho precepto se otorga a toda persona detenida el derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención. La Sentencia del Tribunal constitucional de 30 de enero de 2017 declara vulnerados los derechos fundamentales a la libertad individual y a la asistencia de abogado durante la detención por haber negado la policía actuante el acceso al atestado durante la detención policial.