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El nuevo presidente de EEUU y sus asesores inmediatos aplican un cinismo en la manera de gobernar que está socavando instituciones como la judicatura, los medios de comunicación y el servicio secreto.
Ya tenemos al 45 presidente de Estados Unidos sentado en el Despacho Oval de la Casa Blanca, expidiendo con regocijo órdenes ejecutivas que firma con letra deliberada, trazos gruesos y mayúsculas exageradas. En la primera semana de mandato ordenó detener la aplicación del seguro médico universal que los republicanos tildan como Obamacare; impelió la aprobación de proyectos de infraestructura, hasta ahora detenidos por razones medioambientales, especialmente el oleoducto de Dakota del Sur, y emitió memorandos para favorecer las explotaciones petrolíferas. Nadie sabe a dónde irá a parar la orden de iniciar el maravilloso muro contra México. Ha retirado a EEUU del magno proyecto comercial de la Asociación Transpacífica (TPP) que durante tantos años ha estado negociando con 11 países de la cuenca del Pacífico. Ha prohibido la financiación de toda organización, nacional o internacional, que permita el aborto. Por último, en el Día Internacional de Memoria del Holocausto (27 de enero), ordenó la suspensión del programa de recepción de refugiados, especialmente de Siria, y el cierre, por 120 días, de la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Libia, Irak, Irán, Siria, Somalia, Sudán y Yemen). Provocó así el mayor caos que se recuerda en los aeropuertos, pues no sabiendo cómo aplicar orden tan ambigua, se ha negado indiscriminadamente la entrada incluso de residentes que detentan la famosa "tarjeta verde", amén de numerosos estudiantes y profesores de universidades americanas. En su aturdida premura. Trump olvidaba que la Constitución prohíbe discriminar por razones religiosas, y que no constaba la razón por la que se escogían esos siete países y no otros, musulmanes y europeos tan peligrosos si no más que esos siete.
Enseguida todos los fiscales generales demócratas y otras entidades afectadas en sus intereses han presentado demandas de inconstitucionalidad en numerosos Estados, consiguiendo que un juez federal del Estado de Washington suspendiera la aplicación de la orden. Una audiencia federal ha rechazado la apelación del gobierno, dejando al presidente en la tesitura de proclamar una nueva orden que supere los yerros de la primera, pero reconociendo así que se había equivocado, o continuar las apelaciones hasta llegar al Tribunal Supremo
