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Alberto Oehling de los Reyes 
Para analizar el grado de eficacia y validez de los derechos y libertades constitucionales de la Constitución de 9 de diciembre de 1931 y de la II República española debe tenerse en cuenta la vigencia de la Ley de Defensa de la República de 21 de octubre de 1931, pero, además, hay que observar también otras leyes de orden público que caracterizaron su contexto políticojurídico. Por una parte, hay que estudiar la extensión de vigencia en la II República de normas de la época de la Monarquía y la Dictadura de Primo de Rivera; por otra parte, hay que analizar el grado de delimitación de derechos y libertades que derivaba de la propia normativa adicional en materia de seguridad y orden público aprobada ya por el poder constituido republicano, en particular, la Ley de Vagos y Maleantes, de 4 de agosto de 1933, o la Ley de Orden Público de 1933. Aparte, se realiza una breve comparativa con la Ley de Protección de la República alemana de Weimar (Gesetz zum Schutze der Republik), que creemos también puede ser útil a efectos de contextualizar y valorar político-jurídicamente la oportunidad o no y excesos de la Ley de Defensa de la República española.
