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El presente trabajo de investigación tiene como objeto el estudio, incidencia y limitaciones que ha suscitado la reciente aprobación de Protección de Seguridad Ciudadana LO 4/2015 de 30 de marzo, en concreto en aquellas medidas que afectan al ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación y a todo un modelo de Estado Social y Democrático de derecho que está siendo amenazada con la presente crisis económica y social. La realidad de esta norma surge en un contexto de evidentes tensiones sociales cuyo descontento social antes las crisis y los recortes sociales se está canalizando hacia las más variadas formas de protestas, lo que ha supuesto con esta reforma restringir uno de sus derechos más básicos como es el derecho a la manifestación. La aplicación de esta ley ha supuesto regular un conjunto de medidas que afectan a la dimensión constitucional de este derecho y especialmente de su contenido esencial, lo que se traduce a nuestro juicio desde el análisis más concreto de la doctrina del Tribunal constitucional como una intervención legislativa inconstitucional y en un coste antidemocrático para los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y libertades. A pesar de que la ley afecta a un gran contenido de medidas de seguridad ciudadana me centraré en este artículo en aquellas que afectan o inciden el ejercicio democrático del derecho fundamental de reunión y manifestación.
