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La relación entre la prisión provisional y el secreto de sumario siempre ha sido complicada. La decisión de privar de libertad a una persona que todavía no ha sido condenada es, probablemente, la medida más coercitiva que puede emplear el Estado. Por otro lado, la necesidad de preservar el secreto de las actuaciones para no poner en riesgo el curso de la investigación es una finalidad legítima de las autoridades estatales. El difícil equilibrio y ponderación de esas decisiones judiciales es el objeto de este artículo escrito al hilo de una reciente resolución judicial.
