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Rafael Andrés Velázquez Pérez
Aunque su aparición se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, realmente ha sido en los últimos 25 años cuando se ha configurado y conformado lo que hoy se conoce como el Derecho internacional de la inversión extranjera. Este Derecho está integrado por casi tres mil Acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones (APPRIs) cuya finalidad primordial es proteger a los inversores en el exterior. Dichos APPRIs han permitido que las multinacionales desafíen normativas sociales, medioambientales, económicas e incluso protectoras de los Derechos humanos de los gobiernos anfitriones, cuando consideran que la rentabilidad de sus inversiones está en riesgo.
Tal desequilibrio de intereses ha sido perpetrado porque los mecanismos de solución de disputas en materia de inversiones, generalmente contenidos en el APPRI, permiten a los inversores extranjeros demandar a los Estados soberanos ante cortes arbitrales, evitando a los tribunales locales. Tales demandas han comprometido la estabilidad económica de numerosos Estados que, paradójicamente, suscriben APPRIs para alcanzar indicadores de desarrollo perdurables -que sus menguadas economías no pueden garantizar- aún en detrimento de su soberanía. Con este telón de fondo, desarrollamos a continuación un breve análisis de la situación actual de la problemática expuesta, en relación con el Derecho humano al agua.
Certainly, Foreign Investments Law has been developed in the last twenty five years, although it appeared after Second World War. This branch of Law basically consists on almost three thousand bilateral investment Treaties (BITs) dealing with the protection of foreign investors. Those BITs allow international corporations to challenge social, environmental, economic and even human rights Law in their host countries, when they consider that their investments are at risk. This imbalance of interests has been posible because the BIT’s disputes resolution systems allow foreign investors to sue sovereign States before arbitration courts, avoiding local jurisdiction. Such actions have damaged the economic stability of those host States that have signed BIT’s to improve their sustainable development indexes -something impossible to achive for their poor economies- even sacrifying their own souvereignity. This problem will be briefly shown here, focused on the human right to the water.
