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El anuncio de una reforma del proceso penal en la dirección apuntada por el Ministerio de Justicia obliga a recordar concretas propuestas, casi todas caídas en el olvido, que permitirían sin mover una letra del art. 124 de la Constitución dotar al Ministerio Fiscal de la imprescindible autonomía para poder asumir con plenas garantías las nuevas funciones que, según parece, la historia y la lógica le tiene reservadas.
