Sevilla, España
Los usos excepcionales en suelo no urbanizable han sido tradicionalmente regulados por la legislación estatal en base al art. 149.1.1 de la CE. No obstante, las Comunidades Autónomas tienen competencias para la determinación de las actuaciones de interés público y su procedimiento de autorización. Esta circunstancia ha provocado una pluralidad de regímenes jurídicos difícilmente sostenible dentro de un mismo Estado, afectando directamente a la inversión que puede resultar más rentable según el modelo autonómico. En orden a la remoción de trabas y en garantía de la autonomía local se cuestiona también la intervención autonómica en estos procedimientos.