La Ley 19/2013, que constituye un importante hito en la regulación del derecho de los ciudadanos a saber qué ocurre en el seno de los sujetos públicos que están a su servicio, presenta diferentes disfuncionalidades que redundan en una merma del derecho a la obtención de información pública por parte de la ciudadanía. Para minimizar los efectos de estos obstáculos juegan un importante papel las resoluciones del Consejo de Transparencia, así como los primeros pronunciamientos judiciales en la materia.