El 17 noviembre 2016 la Comisón ha emplazado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no cumplir total e íntegramente la sentencia del Tribunal de 2011. Las autoridades autonómicas deben garantizar que las aguas residuales urbanas sean debidamente recogidas y tratadas en 17 aglomeraciones del país para prevenir riesgos graves para la salud humana y el medio ambiente